Pleitos en la aldea Angaraes en las primeras décadas del siglo XX

 

Rommel Plasencia Soto*
Doctor en Antropología Social, Departamento de Antropología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
rplascencias@unmsm.edu.pe

 

RESUMEN
En este trabajo[1] se exponen algunos casos hallados en el Archivo Regional de Ayacucho, que ilustran un espacio regional en las primeras décadas del siglo XX. La región de Huancavelica en ese entonces, si bien mantenía una estructura social que suele llamarse “tradicional”, ya se avizoraban algunos cambios. Las audaces mediadas del leguiismo en la región (como fue enfrentar a los hacendados con una capa de comerciantes, acelerar la circulación de mercancías a través de carreteras y fomentar el indigenismo) irán minando lenta pero inexorablemente, el anclaje de sus principales bases, como fueron la preeminencia socioétnica y su reemplazo por nuevos actores que llegaron por las carretas o dotados por el Estado.

Palabras clave: Angaraes, poder regional, conflictos, comunidades campesinas.

 

ABSTRACT
In this work some works that are in the Regional Archive of Ayacucho city that illustrate a regional space in the first decades of the 20^th century are exposed. The Huancavelica region at that time, although it maintained a social structure that is usually called “traditional”, some changes were already on the horizont. The audacious measures of legalism in the region (such as confronting the landtenures with a stratum of merchants accelering the movement of goods trough highways and promoting indigenism) they will slowly but inexorably erode the anchoring of their main bases, such as socioethnic preeminence and their replacement by new actors who arrived on the roads or endowed by the State.

Keywords: Angaraes, regional power, struggles, pesant communities.

Fecha de recepción: 1 de noviembre de 2022
Fecha de aprobación: 15 de junio de 2023

 

Huancavelica fue una región reputada como tradicional, es decir, donde las instituciones sociales erigidas a partir, básicamente, de un Estado del “antiguo régimen” del siglo XIX, excluyeron a la población campesina (“indígena”) de las cuotas de poder político y de representación; además, muchas veces las mejores tierras estuvieron bajo el control de las haciendas, en una suerte de “administración étnica del poder”, término que le debemos al antropólogo Andrés Guerrero,[2] utilizada para explicar la cuestión ecuatoriana y que se refiere a las administración privada de las poblaciones dominadas, pero que fue “desintegrándose” con la reformas agrarias, el crecimiento y la modernización del Estado y sobre todo, con la movilizaciones indígenas.

Los datos que ofrecemos son un buen ejemplo respecto de la dinámica de las relaciones socioétnicas, en un contexto de permanente conflicto y de competencia por recursos económicos y sociales. De ese modo se fue forjando una especie de identidad “comunera-campesina”, si ya no indígena, limitada al pueblo o la comarca en una especie de identidad nacida a partir de una “coyuntura”, como lo ha mencionado Wachtel para los chipaya de Bolivia.[3]

El escenario

Angaraes, como provincia del departamento de Huancavelica, fue oficialmente constituida en 1826 y restituida como provincia de Huancavelica en 1847. En el siglo XX, de 1930 a 1968, fue un periodo importante en que los caseríos rurales se convirtieron legalmente en comunidades indígenas y campesinas. Las más antiguas, Huanca Huanca y Huayllay Grande, datan de 1941. Las comunidades, por lo general, se ubican entre los 2 200 y los 4 800 metros sobre el nivel del mar, abarcando zonas de puna, quechua y quebradas bajas. Los ríos más importantes de su zona nuclear, el Sicra, el Upamayo y el Lircay, se dirigen hacia el departamento de Ayacucho y la hoya del Mantaro.

Durante la Colonia, como en las primeras décadas de la República, esta región era más extensa de lo que es hoy: comprendía parte de la provincia de Acobamba y de la actual Chaurcampa (Pallalla, Añancusi, Huayllay Grande o Callanmarca fueron comunidades muy importantes por su población tributaria y siempre aparecen citados en los padrones coloniales).

La minería colonial (los cerros de Julcani y Mimosa, entre otros) fue importante y estuvo relacionada con las comunidades de la zona, de las cuales obtenía mano de obra y productos alimenticios. La documentación que sirven de fuente para el presente trabajo está referida a un conjunto de comunidades y pueblos que gravitan en el hinterland de la ciudad y el valle de Lircay, equidistantes entre la ciudad de Huancavelica (la villa rica de Oropesa) y Huanta (la esmeralda de los Andes).

El mundo de afuera estaba cristalizado en el pueblo de Lircay, capital de la provincia y sede de los poderes locales. Era un mundo expandido y articulado en su momento con la “cultura” y la sociedad “nacional”. Los patronímicos españoles, el culto a la Virgen del Carmen, el control del poder político, su incursión en el mundo letrado y su condición de lugar de residencia de los principales hacendados le confirieron un lugar hegemónico en la estructura regional. Los conflictos con las comunidades de la zona fueron recurrentes y —repetimos— están registrados en archivos locales y regionales.

Las comunidades campesinas se fueron dotando de una identidad que fue construida a través de tres niveles básicos: una fue la territorialidad, es decir, una conciencia de participar de un territorio no sólo sancionado legalmente sino en que su práctica histórica tenía un asiento y un sentido; luego, estaba la organización y la reproducción social, a través de los sistemas de parentesco y de redes sociales que iban delimitando una noción de equiparación y de roles análogos; por último, la esfera simbólica, es decir, el sentido otorgado a la realidad, que a su vez apuntalaba una cosmovisión que, si bien fue creada en el “crisol colonial”, fue en la etapa republicana donde fue confinada al ámbito rural convirtiéndose en “indígena”. El arcaísmo como un producto desechado o negado por los criollos andinos,[4] se convertía así en “autóctono” y sus atributos eran la rusticidad vinculada a la agricultura familiar y una vida cotidiana subordinada a constelaciones extrarrurales.

El poder de denunciar[5]

Tanto los gobernadores de la provincia como otros funcionarios fueron reclutados generalmente de los grupos de poder de Huancavelica, mientras que los jueces, por el contrario, eran en su mayoría foráneos. En un conjunto de denuncias revisadas, pudo observarse un juego de fuerzas entre el funcionariado judicial y las élites locales, pero ambos en contra de los indígenas; esta conjunción de intereses se centraba en el uso y apropiación de los recursos en un espacio en que las actividades agropecuarias y la minería eras importantes como ejes de acumulación vinculados a mercados regionales como extrarregionales.

Veamos algunos casos. En noviembre de 1877, la comunidad de Huanca Huanca había demandado al municipio de Lircay por un asunto de “reivindicación de pastos”. En 1914, Domingo Vidalón —perteneciente a una de las familias más poderosas no sólo de Angaraes sino incluso del departamento de Huancavelica— tenía encausado a Mariano Sullca “por robo”.

Eduardo Larrauri, otro miembro connotado de la “crema” local, acusaba en abril de 1923, a Gabrielano y Pablo Hilario Ichpas, junto a Esteban Melchor, por “robo de llamas” y “homicidio frustrado”. Otro vástago de las familias “notables”, el cura Dámaso Vidalón aparece como “garante”, en 1915, en una demanda de un tal Wieland (quienes se desempeñaban cómo administradores de haciendas) contra los operarios Pedro Pérez y Víctor de la Torre, a quienes acusan de robo y “sustracción”.

En marzo de 1928 Abraham Delgado, el apoderado de la “Sociedad Minera Vizcachas”,[6] propiedad de Demetrio Olavegoya, hacendado de la sierra central, acusó a Félix Oré y a Ignacio Calderón por el robo de “especies”. Lo cierto es que ese propietario minero no encontró mejor forma de escamotear los sueldos atrasados de los acusados, que acusándolos de ladrones.

Otras veces, eran los comuneros indígenas quienes hacían las acusaciones. Alejandro Vidalón y Juan Abrabovich fueron sindicados por Santos Huincho de Huayllay Grande, de ser responsables de “delitos contra el patrimonio” en su agravio. Para octubre de 1905, Fernando Wieland había demandado a Urbano Gutiérrez por “despojo municipal”. En 1936, un grupo de comuneros de Piscobamba y Latapuquio localidades cercanas a Lircay, fueron encarcelados por haber intentado apropiarse de las tierras de Huayllay Chico.

Pleitos

La región tuvo como pilares de su antiguo régimen a la hacienda y la comunidad. Ya Favre[7] había mencionado que la hacienda no fue más eficiente que la propiedad en manos de las comunidades. Ambos estaban en cierto modo atrasados respecto del desarrollo de sus fuerzas productivas,[8] pues no sólo poseían una agricultura multizonal y discontinua, sino que gran parte de su producción funcionaba como un “fondo de reemplazo” de la campaña agrícola subsiguiente. Ambas se beneficiaban de las lluvias estacionales, donde la mecanización agrícola y el uso de variedades mejoradas era casi nula.

Sin embargo, estas características similares entre hacienda y comunidad, también se acoplaron a un universo cultural en que ciertos elementos eran compartidos (como el uso de la lengua quechua). También existían puntos de conexión social que, si bien los acercaban (como el compadrazgo y la etiqueta intergrupos), también los fijaba en posiciones de desigualdad.

El sistema ritual operaba para dramatizar esas relaciones de desigualdad-proximidad, despojándolas de su contenido objetivo de explotación y exclusión. Todo este sistema, meticulosamente elaborado y cuidado por ambos sectores, se fue desdibujando lentamente, conforme el mercado y la presencia del Estado iban afianzando, durante la primera mitad del siglo XX, la apertura y la conexión hacia núcleos más dinámicos de la economía, ubicados en la sierra central o la costa; empero, los conflictos no se atenuaron, sino que adoptaron nuevas formas de expresión alrededor de viejos detonantes: el control y el acceso a los pastos, las tierras agrícolas y los fueros territoriales.

Haremos un salto hasta el siglo XX y hacia el fangoso terreno de las representaciones sociales. Por ejemplo, tenemos a la vista un oficio de mayo de 1959, en que Teodoro Pizarro, natural de Jauja y residente del barrio de Ballavista en Lircay, se queja ante el prefecto del departamento Alfonso Cárdenas, de que Cesáreo Pellane y su esposa Rita de la Barra, viajaban y hacían trasladar sus bienes en el flamante autobús del denunciante, sin pagar un centavo. Lo interesante del caso es que cuando el transportista se queja ante las autoridades, la pareja de vecinos aprovechados de las bondades del comerciante jaujino le insultan: “Jaujino muerto de hambre, so ajo por aquí y so ajo por allá”.

Alfredo Pellane era hijo de Cesáreo, el subprefecto de Lircay y es por ello que a Pizarro lo detienen en la comisaría local. El oficio, pues, nos revela finalmente no sólo la personalización del poder, sino también la impunidad de los notables y su reacción ante situaciones que ya anunciaban una modernidad tardía, sobre todo en manos de pequeños empresarios foráneos.

Barbarie y abigeato[9]

Muchas de aquellas pugnas se escondían entre los casos de abigeato, intentos de “rebelión” y escenas de violencia cotidiana (como el estupro o el robo) que recorren el siglo XIX hasta la tercera década del XX.[10]

De la conocida tesis de Hobsbawm sobre el “bandolerismo social”,[11] siempre se ha interpretado al abigeato y el robo en las sociedades rurales como un mecanismo redistributivo, tupido de relaciones de lealtad y de alianzas. En los Andes se lo planteó de manera similar;[12] el abigeato sería una sanción social con el fin de perjudicar, entre otros, a quienes concentraban la tierra y el ganado, masa de capital muchas veces alimentada con la apropiación de bienes de las comunidades. Y de allí surge la extrema punibilidad y estigmatización de esos transgresores en todos nuestros códigos civiles.[13] Un testimonio de la época nos relata de forma escueta sobre este fenómeno en la región. Se trata de la tesis de jurisprudencia del huancavelicano Mario Camacho de 1938 y defendida en la Universidad de San Marcos. La percepción sobre los indios de la región que externa en sus argumentos nos remonta a algunos a miradas coloniales aderezadas de psicologismo:

El indígena aislado en su pequeña existencia, vive sin ninguna perspectiva de mejoramiento. Su mentalidad estacionaria no le permite sino pensar en las funciones primitivas de la nutrición y reproducción y para llenarlos se dedica [...] al robo de carneros o llamas [...] y a la posesión violenta de la hembra, cayendo así en la delincuencia.[14]

A continuación, el futuro abogado instruido en el positivismo legal relata un hecho ocurrido en la época. En Huando, al norte de Huancavelica, una diligencia por demarcación de linderos entre la comunidad y un tal Genaro Ponce, termina con el asesinado (a pedradas) de este último. En palabras del tesista: “para luego cortarle cabeza y los pies con el fin de evitar, según una arraigada superstición indígena, que el cadáver denuncie el hecho”. Finalmente, el cadáver es sepultado en “una zanja de espinas, para que no se desprendieran de su sepultura”.[15]

Ese tipo de violencia, si bien no es nueva para la etnografía andina, el futuro jurista aprovecha tal relato para insertar ese suceso en un marco significativo, el que enfatiza el salvajismo y el estado de barbarie de los campesinos. Esto no sólo justificaba a las haciendas en manos de “pequeños blancos” como fortalezas del progreso, sino que también validaba acciones de represión y de control social.[16]

En el archivo ayacuchano del periodo que va de 1920 a 1929 se registran 116 casos de abigeato; 1921 es el año en que se registraron más casos: fueron 38 los procesados, casi todos provenientes de pequeños pueblos campesinos, como el de los reincidentes Mariano Ichpas o Melchor Huarancca.

Pequeñas rebeliones[17]

El 20 de agosto de 1921 inició un juicio contra Froilán P. Alva por el delito de “asonada”. En el mes de octubre del mismo año, es acusado Gregorio Zanabria por el cobro clandestino de contribuciones que hizo a “las comunidades de indígenas de Chahuarma y Pirca”; más adelante, ya en 1924, son enjuiciados junto a los mestizos Dámaso Marcelo y Pedro Soto, por “rebelión y asonada”.

El 12 de junio de 1923 el juez de Lircay, Manuel Villanueva, abrió instrucción a Víctor Ronceros y Teodoro Salazar, miembros del “Comité Pro-Derecho Indígena” de Congalla, por “rebelión y usurpación de autoridad”. Posteriormente Víctor Ronceros sería acusado, junto a otros personajes, por “rebelión en 1925”.

Esa década estaba en cierto modo encarrilada con una serie de conflictos sociales que, si bien resultaban embadurnados de trama legal, despedían un aliento de crisis y de enfrentamiento contra hacendados y mineros. Esto se verifica cuando examinamos las querellas entre las comunidades y los “pequeños blancos”, que quizás alentados por la expansión del mercado regional y del brusco aumento de su valor, envidiaban las tierras colectivas. En ese contexto, en 1928, la comunidad de Chincho (ubicada al este de la provincia y casi fronteriza con Ayacucho) entabla un juicio contra Tarciso Ruiz por “deslindes” de propiedad. Antes en 1906, la comunidad de Parisa, en la vecina provincia de Acobamba, había sido demandada por Raymundo de la Vega. La vieja comunidad de Huayllay Grande también había sido denunciada por el mestizo Domingo Gutiérrez por “asuntos de propiedad”.

El hambre por la tierra también alcanzó y alentó el conflicto entre los propios hacendados. En 1896, Paula Merino de Alarco denunció a Fernando Wieland, para entonces, yerno de Apolinario Zúñiga, por despojarlo —junto a indígenas allegados— de su hacienda Palcas.[18] El aparato de choque del propietario más poderoso se pone en marcha: acusan al juez, “un tal Anchorena”, de tener animadversión hacia la familia Zúñiga. Al siguiente año, nuevamente Wieland se enfrenta con Melchora Cavero, viuda de Delgado, por la propiedad de Rumichaca, una hacienda triguera ubicada al sur de la villa de Lircay. El yerno de Apolinario Zúñiga aducía que la mencionada hacienda le había sido vendida en mil soles por la hija de Melchora; Lastenia Delgado y su esposo sobreviviente Santiago Flórez. Lo curioso es que en esa supuesta transacción aparecen “depositarios” (Eulogio Serpa), garantes (José María Gálvez y el cura Dámaso Vidalón) y beneficiarios con acceso (Julio Zumaita y Domingo Vidalón), todos ellos del grupo de los propietarios.[19] En 1925, Wieland volvió a las andadas: esta vez acusó a Natividad Alarco, viuda de Larrauri, por “robo de reses”, ignoramos cómo terminó la causa judicial.

En 1809 en Acoria, el gobernador Miguel Gálvez demandó al juez Agripino Rojas, “un ambulante sin garantía”, por intento de “homicidio frustrado” en contra del doctor Uldarico Castro, párroco de la localidad, y Vicente Alarco, este último junto a los Vidalón y los Larrauri, familias prominentes de Huancavelica, Angaraes y Acobamba.

Sexo y honor

Han sido María Emma Mannarelli y Catalina León (1997),[20] entre otras historiadoras, quienes se han ocupado, para el periodo colonial americano, de las estrategias matrimoniales y cómo a través de ellas se correspondieron con la estructura social y los circuitos del poder.

La construcción y la negociación de identidades de criollas y peninsulares expresaron relaciones de privilegio mediante el concepto (mediterráneo) del honor, el estatus adscrito (la cuestión de los orígenes) y lo que Jaramillo ha llamado la “coloridad”; esa obsesión colonial por el “blanqueamiento” y la censura hacia las misturas y las “mezclas” que significaron las castas.[21]

Los sistemas conyugales también se correlacionaron con sistemas de poder económico. Uno, porque los grupos dominantes se reproducen y conservan su riqueza (tierras, poder y prestigio) a través de las alianzas conyugales y también porque las comunidades campesinas poseen patrones endogámicos.

Para el caso paceño (la actual Bolivia), la historiadora Clara López Beltrán lo dice con claridad: “Las redes parentales que se anudan en torno a objetivos de control y dominación de conglomerados sociales permitieron la formación de élites solidarias y capaces de controlar y dirigir los procesos socioeconómicos y políticos de la región”.[22]

Las faltas sexuales también expresaban esa tensión. En Angaraes, aparentemente, las víctimas eran hijas de los propietarios más poderosos de la región, o por lo menos estos casos están documentados. Eran estupros a secas, y a través de las demandas se “restauraba” el honor de las damas criollas y se castigaba al transgresor.

Cirilo Oré es acusado de violación en agravio de Josefina A., viuda de Vidalón, en octubre de 1921. En setiembre de 1932, Jesús Manrique es sindicado en Lircay de haber raptado a María Vidalón, hija de Mariano Vidalón quien hace la denuncia. Dos meses después se acusa a Remigio Cangalaya Samaniego, de haber “agredido sexualmente” a Patrocinia Z. de Vidalón. Por lo visto, el tal Remigio —por sus apellidos, al igual que el transportista Pizarro de 1959—, era oriundo del valle del Mantaro, una región casi sin existencia de haciendas y con una economía regional más robusta. ¿Fue un caso de seducción o agresión? La respuesta no la conocemos, por la sencilla razón de que no poseemos documentos al respecto. Si planteamos algunas preguntas podemos ensayar algunas respuestas: es posible que, en efecto, tal como dicen las denuncias, fueron violaciones de comerciantes envalentonados que desconocían (o no les importaban) los códigos sociales de los propietarios. Pero también es posible que siendo mujeres del grupo dominante hayan poseído el “poder de denunciar”, aunque desconozcamos su desenlace y la defensa que arguyeron los acusados. Y si complejizamos lo enunciado e incorporamos la dimensión del poder, puede ser que ante relaciones desiguales (una dama y un comerciente mestizo) la denuncia pudo ser una estrategia para ocultar o escamotear relaciones que socavaban el honor del grupo dominante, es decir, el honor de los varones.

Ya Alberro, en su monumental obra sobre la inquisición en la Nueva España[23] muestra el caso de una española que es sorprendida in fraganti con su esclavo en la hacienda propiedad de su esposo ausente. La dama acusa entonces al esclavo de haberla embrujado con filtros amorosos y “malas artes”, del cual los africanos eran diestros. Finalmente, después de unos azotes, el transgresor, fue vendido a una mina del sur del valle de México. De ese modo se restauró el honor de la dama, y sobre todo del esposo, así como el de la casa y la casta de los propietarios peninsulares. La Inquisición, aparte de batallar por la fe, también resguardaba el orden social.

Las denuncias judiciales se convierten, luego, en un escenario privilegiado para sopesar cuestiones como criminalidad, transgresión, culpas y castigos, evitando generalizaciones y dotando de contenido empírico a coyunturas específicas, pues como en “una gota en el océano”, éstos nos conducen de nuevo a pensar en el poder, las clases sociales o la etnicidad.

No olvidemos como Emmanuel Le Roy[24] cuestiona el gran trabajo de Ariés sobre la infancia, al demostrar (con documentos directos) que en la zona pirenaica del siglo xiv sí existía un apego y cariño por los niños.[25]

Figura 1. Familia huancavelicana. Fuente: F. Salas-Guevara, Historia de Huancavelica, 2 tt. (Lima: Compañía Buenaventura, 2008), 18.

Redes y círculos

Los hacendados huancavelicanos estaban constituidos por familias endogámicas.[26] En efecto, la circulación de cónyuges entre familias cercanas fue frecuente: “Se casaron don Gustavo Larrauri con Carmela Vidalón que eran primos hermanos”, nos dice Antonia Guzmán, una informante lirqueña Por ejemplo, en 1830, Joaquín Mendiolaza, propietario de un molino, estaba casado con Marina Vidalón, posiblemente hermana o pariente de Juan Vidalón, también propietario de un molino.

Gabriel Delgado, hacendado lirqueño, lo estaba con Gregoria Soldevilla.

También se ejecutaban alianzas matrimoniales, con foráneos, siempre y cuando reportaran alguna ventaja “comparativa”. No conocemos algún caso de matrimonio entre “vecinos” de Lircay y comuneros, aunque la relación íntima entre ambos, es decir, varón con mujer indígena, siempre existió.

Una señora acobambina y residente en Pueblo Nuevo de Lircay nos informa: “en Pueblo Viejo, si no son Zorrillas, son Vidalón”. Para ilustrar este tipo de situaciones, mostramos el itinerario nupcial de un “patricio” de la región como Mariano Larrauri.

Mariano se casó con Ventura Menéndez Aristizábal. Uno de los hijos de ambos, Antonio, lo hace con Natividad Alarco.

El hermano de Antonio, Eduardo, se casa con Basilisa Vidalón. El tercer hijo de don Mariano lo hace con Dolores Vidalón.

El hijo de Antonio, César Larrauri, contrae nupcias con María Esther Sánchez Larrauri; su hermano, Gustavo, se une con Consuelo Vidalón Gandolini.

Finalmente, Ventura Vidalón lo hará con Artemio Sánchez Larrauri, hijo de su tía, Natividad Larrauri.

Esos patrones matrimoniales fueron comunes para evitar la dispersión de los bienes patrimoniales, restringir el acceso al prestigio social, además de conferirles un sentimiento de “casta”. Quizás, al igual que en el sector campesino, los hacendados construían sus identidades hacia adentro. Los campesinos lo harán por patrones socioculturales,[27] vigilados por las autoridades comunales. En el de los propietarios, serán el “honor” y el “prestigio” los que garanticen esas alianzas.

“(L)a endogamia pueblerina, forma extrema del localismo”, dirá elocuentemente Le Roy, sobre la aldea de Montillou del siglo xiv, allá, como en los Andes, campesinos y señores se aferran a sus redes restringidas.[28] Y será sólo cuando Huancavelica y Angaraes se articulen al desarrollo mercantil alentado por Leguía (es hasta entonces cuando, de acuerdo a Archibald, la Patria Nueva “descoloniza” la llamada República Aristocrática),[29] que las redes sociales de hacendados y notables se realizarán hacia “afuera,” con lo que se generaría un nuevo indicador que los diferenciará de los campesinos, pues estos últimos seguirán aferrados a fuerzas centrípetas hasta la reforma agraria de 1969 y la generalización de las migraciones hacia la costa.

Conclusiones

La región de Angaraes en Huancavelica demuestra que la gran propiedad rara vez pasó íntegramente a miembros de una misma familia a modo de un linaje. Al contrario, en el siglo XX, el cambio de propietarios y las disputas entre hacendados fue frecuente.

A esto, se sumó el hecho de que con el gobierno de Leguía (1919-1930), la sierra se va incorporando lentamente a un sistema en donde el mercado se volverá más importante y del cual los propietarios tradicionales no tenían el control. Es en la tercera década del siglo XX que el Estado se hará más notorio (y necesario) en los Andes peruanos.

Con él, vendrán una pléyade de abogados, jueces y agentes fiscales que tendrán pocos compromisos con los propietarios, pero tampoco serán renuentes a establecer alianzas y pactos con fracciones de ellos. Y entre esos dos bloques, encajaban las comunidades y pueblos de campesinos mayoritariamente quechua hablantes, quienes supieron capear distintas coyunturas desfavorables y aprovecharon las que fueron útiles, lo cual demostraba un conocimiento y una agencia notables. Supieron olfatear los nuevos vientos de la Patria Nueva, se acoplaron a la modernización plena de la mitad del siglo XX y luego marcharían victoriosos hacia la reforma agraria de Velasco.

Como también lo hicieron en el siglo de la independencia. Nuria Sala[30] ha demostrado que las comunidades indígenas de Huancavelica no estuvieron inermes ni desarticuladas en el periodo que ella llama “tardocolonial”: al contrario, actuaron en perfecta coordinación con el avance del “Santafecino”, el lugarteniente de Paumacahua en la región de Huamanga, y obligaron a huir precisamente a los Vidalón, poderosos hacendados y fidelistas.

En ese contexto, en Angaraes la pugna entre haciendas y comunidades tuvo muchos matices no necesariamente direccionados en un solo sentido, relativizando el “poder omnímodo de los hacendados” y la respuesta de las “clases plebeyas” (campesinos, pequeños comerciantes y migrantes modernizados) ofrecieron muchas veces batallas minúsculas, pero que han llegado hasta nosotros a través de los archivos, resignificados ya en mayúsculas.

Por otro lado, los sistemas conyugales que delinean fronteras sociales y patrones de legitimidad consolidaron identidades alrededor del prestigio y el estatus. Así como el compadrazgo reúne y acerca ritualmente a señores e “indios” aplacando conflictos; el abigeato, por el contrario, afectaba el patrimonio de los propietarios, negando de raíz la reciprocidad.

Y por su parte, los delitos sexuales se convierten en un ecosistema que indican transgresiones, honores cuestionados y delitos que vislumbran un escenario en profunda transformación.

Anexos

Mayordomos de la fiesta de Huayllay Grande (1787). Archivo de la Comunidad.

El primer documento es inédito y obra en poder de la comunidad. En él, se puede apreciar que una fiesta importante en el calendario ritual de la región como el Cristo de Huayllay Grande, los mayordomos cambian con el tiempo. En sus inicios los cargos recaían en españoles y mestizos prominentes (allí figura el primer Juan Bidalón). En el siglo XX, esta fiesta queda en manos de la comunidad, convertida, además, en una importante feria campesina. Lircay entonces opta por la virgen del Carmen, estableciéndose una diferenciación social en los cultos patronales.

Documento sobre propietarios de la doctrina de Lircay (1835). Archivo General de la Nación, H4-1653 Libro Padrón General de indígenas y castas de la provincia de Huancavelica, Departamento de Ayacucho.

Esta lista de predios rústicos de la doctrina de Lircy (en donde se mantiene una división eclesiástica colonial) de la primera época de la República, muestra que la condición de “español” estaba unida a la de propietario. En ella figuran las familias Vidalón y Larrauri, entre otras.

Lircay, marzo 21 de / [18]96

Vistas las razones que aduce en el presente informe el Párroco y Vicario de esta doctrina D. Estanislao Lozano en las que se vé de manifiesto la malicia con que quieren proceder los indígenas del Cacerío de Huaillay chico para eludirse del pago a que se han hecho acreedores a dicho Párroco, se resuelve:

Quedan obligados al pago los indígenas que por defunciones son deudores al cura D. Estanislao Lozano; ofíciese al teniente Gobernador de dicho Cacerío [sic] para que preste el aucilio [sic] necesario al comisionado de la cobranza del pago aludido (cobranza) para la realización de éllas [sic] Regístrese.

López Mendoza

Transcripción de carta (1896)

Archivo de la Subprefectura de Angaraes, legajos varios 1896-1972.

Documento del desaparecido archivo provincial que data de fines del siglo XIX. La carga tributaria y fiscal que recaía sobre las comunidades fueron generalmente rehuidas y eludidas, como formas sordas de protesta.